Cultura quiere reformar la LSSI al gusto de la SGAE
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Muchos internautas españoles recordarán el polémico nacimiento de la LSSI-CE (Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico). Hay que reconocer que muchos de los efectos dañinos que se vaticinaban por su aplicación no se han producido, aunque su mezcolanza de comercio y derecho a la información a mí me sigue chirriando. Pero el actual ejecutivo desde su Ministerio de Cultura, en lugar de plantear una reforma de la LSSI que garantice más la libertad de información y de opinición en la red, prepara con el "sector implicado en el Plan de Lucha contra la Piratería" una serie de cambios encaminados a responsabilizar a los intermediarios, los servidores y las empresas que actúan de proveedor de conexión, de los "contenidos ilícitos" que se distribuyen a través de la red. Este paso a la solución policial situaría la legislación española por delante de la de la administración Bush en materia de restringir el uso de la tecnología para proteger al lobby de las multinacionales y las sociedades gestoras de derechos de autor. Desde la
Cultura quiere reformar la LSSI al gusto de la SGAE
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Cultura quiere reformar la LSSI al gusto de la SGAE
Muchos internautas españoles recordarán el polémico nacimiento de la LSSI-CE (Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico). Hay que reconocer que muchos de los efectos dañinos que se vaticinaban por su aplicación no se han producido, aunque su mezcolanza de comercio y derecho a la información a mí me sigue chirriando. Pero el actual ejecutivo desde su Ministerio de Cultura, en lugar de plantear una reforma de la LSSI que garantice más la libertad de información y de opinición en la red, prepara con el "sector implicado en el Plan de Lucha contra la Piratería" una serie de cambios encaminados a responsabilizar a los intermediarios, los servidores y las empresas que actúan de proveedor de conexión, de los "contenidos ilícitos" que se distribuyen a través de la red. Este paso a la solución policial situaría la legislación española por delante de la de la administración Bush en materia de restringir el uso de la tecnología para proteger al lobby de las multinacionales y las sociedades gestoras de derechos de autor. Desde la