Cultura quiere reformar la LSSI al gusto de la SGAE

seguridadMuchos internautas españoles recordarán el polémico nacimiento de la LSSI-CE (Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico). Hay que reconocer que muchos de los efectos dañinos que se vaticinaban por su aplicación no se han producido, aunque su mezcolanza de comercio y derecho a la información a mí me sigue chirriando. Pero el actual ejecutivo desde su Ministerio de Cultura, en lugar de plantear una reforma de la LSSI que garantice más la libertad de información y de opinición en la red, prepara con el «sector implicado en el Plan de Lucha contra la Piratería» una serie de cambios encaminados a responsabilizar a los intermediarios, los servidores y las empresas que actúan de proveedor de conexión, de los «contenidos ilícitos» que se distribuyen a través de la red. Este paso a la solución policial situaría la legislación española por delante de la de la administración Bush en materia de restringir el uso de la tecnología para proteger al lobby de las multinacionales y las sociedades gestoras de derechos de autor. Desde la asociación de internautas se recuerda que estos planes del Ministerio de Cultura contradice Directiva comunitaria 2000/31/CE, de 8 de junio, que «asegura que los Estados garantizarán que los prestadores de servicios intermediarios de la Sociedad de la Información no serán responsables por el simple hecho de prestar tales servicios de intermediación y el secreto de las comunicaciones».

Cuando Cultura adelantaba sus planes con afirmaciones como «[b»>…acciones preventivas que pretenden determinar el alcance de la piratería; qué intereses esconde esta actividad; su relación con otras formas de delincuencia; el perfil de los consumidores de estos productos ilegales, y las razones que le llevan a ello, así como el grado de conocimiento de aceptación por parte de la sociedad de las normas de propiedad intelectual…»[/b»>, tenía ciertas esperanzas de un debate desde cero acerca del problema de la mal llamada «piratería».

Pero la solución de este gobierno va a ser la de la acción policial en favor de los intereses de los grandes grupos discográficos y de la SGAE. Nada acerca del desorbitados precios de los compactos ahora que la distribución es de coste casi cero, nada sobre el cobrar 16 euros por algo que cuesta 3, nada sobre el uso de las tecnologías para ayudar a la difusión, nada sobre la ausencia de la competencia real en las tiendas online por la acción de la SGAE. Nada de la transformación de una industria que continúa, ahora con el seguidismo del gobierno, empeñada en criminalizar todo aquello que constituye el signo inequívoco de que tiene que cambiar. Espero, como mal menor, que esto no sea sino el revival de la bajada del IVA para libros y discos, patinazo de la minitra Calvo y que la lógica de la directiva comunitaria se acabe imponiendo.

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