Telecinco contra Pablo Herreros

Contaba hace un par de días el diario El País que ha sido admitida a trámite la querella interpuesta por Telecinco por supuestos delitos de amenazas y coacciones contra Pablo Herreros, el gran impulsor de la campaña del caso La Noria, con la que se consiguió que los anunciantes abandonaran el programa.

No puedo estar de acuerdo con Pablo ni en el fondo ni en las formas. En el fondo porque intelectualmente me parece muy difícil aceptar que se intervenga para evitar la presencia en los medios de familiares de presuntos delincuentes, de los presuntos de delincuentes o incluso de ciudadanos condenados en firme. Me parece excelente que se informe de ello, que se critique y que luego cada uno decidamos si consumimos esa rara combinación de televisión moralista, crispada, mórbida y carente de la mínima inteligencia.

En la forma también discrepo porque el método por el que grandes grupos de usuarios presionan para que desaparezca lo que a ellos disgusta con las marcas como vigilantes de la corrección del contenido no es una expresión de la democracia ni del poder del pueblo, sino de una imposición innecesaria y que hace disminuir la libertad de expresión: lo que interesa a una minoría pero molesta a una mayoría es penalizado y perseguido, y eso no es más democracia, es imposición. Generalmente es el tipo de mecanismo que satisface cuando se persigue algo que uno detesta, pero que da miedo cuando el objetivo es silenciar algo que uno comparte.

Dicho esto, me resulta inconcebible que en el caso Telecinco contra Pablo Herreros se plantee que la acción del segundo es condenable. Los ciudadanos tenemos derecho a organizarnos y a exigir coherencia y un comportamiento ético a las marcas y a los medios, por mucho que uno no comparta la visión de Pablo y de tantos miles que han adherido a su iniciativa.