El Ministerio de Industria ha prohibido las ofertas de banda ancha que no garanticen el 80% de la velocidad prometida. Algo que debería ser obvio pero que las operadoras discuten con argumentos muy pobres: ADSL es una tecnología que no permite garantizar una velocidad, lo cual es cierto (hay muchos factores, desde distancia a la central hasta la calidad de los PTR), pero que no debería llevar a anunciar y ofrecer "hasta 20 megas" para servicios que apenas llegan a la mitad. Más datos en Público

Lo razonable es que si me ofrecen una conexión de 20 megas, haya un mecanismo para medir la calidad de esa conexión y se me permita reclamar la parte proporcional que la operadora de ADSL está incumpliendo. No se trata pues, de pedirle imposibles a las telecos, sino simplemente que el usuario tenga derecho a saber la velocidad real de su conexión, poder reclamar y, finalmente, pagar de forma proporcional a lo que le sirven. No se les está pidiendo que garanticen realmente la velocidad del ADSL, sólo que el usuario pague por lo que está recibiendo.

Por cierto, junto a este anuncio, palabras sensatas del Ministro de Industria en El País, que habrá que guardar para el futuro como dicen en Voolive:

"No aplicaremos restricción ni regulación alguna que impida la expansión o desincentive el uso de Internet ni estableceremos límites a las herramientas de libre circulación de información". "Esa libertad ha sido y es la clave de la red de redes, de su crecimiento y de su popularidad"

Esperemos que no sea una estrategia del tipo "decirle a cada cual lo que quiere oir y luego votar en Europa lo contrario y volver con la cantinela de que hay que cumplir las directivas europeas".