La Ley para el Acceso de los Ciudadanos a la Administración Electrónica, de la que de momento se tiene un borrador del anteproyecto, tiene un fin loable,

"Todos los ciudadanos tendrán derecho a solicitar información, realizar consultas, formular solicitudes o efectuar pagos a través de Internet con la misma validez que la gestión en la ventanilla presencial"

y un aspecto completamente desacertado, interesado y perjudicial para los ciudadanos. Lo encontramos a la hora de de hablar de los estándares a través de los cuáles la Administración ofrecerá estos servicios.

El borrador de anteproyecto habla de "estándares establecidos", es decir, los que están instaurados debido al uso generalizado durante mucho tiempo (más conocidos por "estándares de facto"), en lugar de exigir estándares abiertos que son los que permiten ser utilizados por cualquiera y no están controlados por ninguna compañía (véase por ejemplo Open Document).

Errático por completo. Si se ha llegado a una situación de dependencia generalizada respecto a un estándar cerrado, controlado por una empresa, según los responsables de esta ley lo mejor es perpetuar esta situación. Luego se llenan la boca de expresiones como "interoperabilidad", "neutralidad tecnológica" o "no dependencia de una tecnología o plataforma concreta", pero a la vez no son capaces de exigir estándares abiertos en las Administraciones Públicas. Y el que quiera vender software a la administración, que los utilice, que es gratis. ¿Y los usuarios? Detrás de cada estándar abierto siempre hay soluciones libres y/o gratuitas para utilizarlo.

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Vía El país.