El canon que se nos viene

El 29 de julio de 2006 entraba en vigor la LPI que extiende el canon, pero todavía el gobierno no ha publicado definitivamente qué aparatos pagarán canon y cuánto será éste. Parece que en Octubre tendremos el desenlace, pero ya hay algunas filtraciones respecto al borrador que manejan el ministerio de Industria y el de Cultura:

  • Los teléfonos móviles podrán verse gravados hasta con un cinco por ciento. Xataka Móvil.
  • El Gobierno garantizará el cobro de 75 millones por el canon digital a las entidades de gestión. Cadena Ser.
  • Por un lado, se deja caer que bajará el canon que se paga por CD y DVD. El País.
  • Por otro, AISGE, EGEDA y DAMA afirman que la propuesta sobre el canon digital perjudica y discrimina enormemente a los autores, actores, artistas y productores audiovisuales (hace tiempo se filtró que su ambición estaba en los 1200 millones de euros al año). Chinchetru.

El canon pudo tener sentido como solución a corto plazo que permita a las industrias de los contenidos culturales adaptarse, reconvertirse a la sociedad actual y explorar y explotar nuevos modelos de negocio válidos en ella. Pero las entidades de gestión lo quieren convertir en un derecho adquirido, mantener la presunción de culpabilidad (mal entendida en tanto en cuanto el que hace copia privadas no es culpable de nada) y mantener su status quo, pero con la diferencia de que ingresan por todos los usuarios de electrónica de consumo (y empresas y administraciones) y no por aquellos interesados en sus productos.

Algo que por pura lógica debería tender a su desaparición, se negocia mientras gobierno y principal partido de la oposición aceptan las tesis de la dictadura del culturetariado. Si se tratase de la supervivencia de una industria, el estimulo debería ir dirigido a que ésta encontrase nuevas fórmulas de hacer negocio y mantenerse por si misma. Pero no se trata de eso, se trata de favorecer los intereses de una minoría con una gran presencia en los medios de comunicación a costa de perjudicar al resto de ciudadanos y la industria de las tecnologías de la información.

Si hay algo de cierto en que la capacidad de influir y crear opinión está ahora más distribuida gracias a internet, los blogs y la web 2.0., en el gobierno no terminan de creérselo. A pesar de sus esfuerzos de parecer que “no cede” ante SGAE y compañía (“bajamos el canon en CD y DVD, no se lo aplicamos a conexiones de internet”), lo cierto es que lo que transmite es simple cálculo electoral y no una visión clara de cómo solucionar el problema del canon y de que todos estemos pagando a una industria entre cuyas características más acusadas últimamente está la querer erigirse en censora de la web.

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