Aunque algo tapado por el eco del manifiesto "En defensa de los derechos fundamentales en internet", uno de los temas candentes del momento es el acuerdo entre el Ministerio de Educación y Microsoft por el que los ordenadores de los alumnos podrían venir equipos con Windows y Office por 8 euros al año, dentro del marco del Programa Escuela 2.0. En Educacion.es tienen el anuncio oficial y en Genbeta hacen un resumen completo de lo que supone el acuerdo, con el matiz de que es algo que las comunidades pueden aceptar o no esta propuesta al tener transferidas las competencias en educación.

Antes de nada, fijar postura sobre dos aspectos sobre los que se está polarizando el debate: en lo relacionado con la escuela 2.0, la herramienta es un debate secundario en mi opinión; sobre software libre / propietario en la administración da la impresión de que sólo es posible posiciones absolutistas, pero quizás lo más sensato sería una posición más acorde con la transición hacia modelos basados en el software libre: la elección del proveedor debe tener como primer objetivo cumplir los requisitos, en segundo hacerlo de la forma más económica a corto y medio plazo. Eso incluye que en algunos casos se opte por software propietario, pero también que en en igualdad de condiciones a la administración le interesa apostar por soluciones libres, sencillamente porque tienen más control sobre la tecnología, quedan menos atadas a un proveedor y a medio y largo plazo hay un ahorro de costes importante.

¿En qué momento nos encontramos en los sistemas operativos para usuarios domésticos, en ofimática y en software para la educación? Pues en un escenario perfecto para adoptar soluciones libres como ya hacen muchas comunidades autónomas. Desde Microsoft y otros proveedores se defiende una idea de neutralidad tecnológica por el que las administraciones deberían ser "libres" para elegir opciones propietarias. Respecto al principio de poder escoger productos no libres es algo que puedo compartir, pero no hay ruptura de la neutralidad en preferir opciones libres como un valor que se aporta para el cliente. De hecho, no hay nada que impida a Microsoft a acudir a concursos con soluciones basadas en software libre.

A las comunidades autónomas les queda ahora decidir si se adhieren a este acuerdo con Microsoft. Puede resultar atractivo desde el punto de vista del precio respecto a pasar a soluciones basadas en Linux, pero a medio y largo plazo resulta acabar atado a un único proveedor. Sería un paso atrás para algunas como Andalucía que llevan años haciendo una apuesta estratégica por el software libre. Y esto no es un alegato anti-Microsoft, como cualquier empresa que hace software, su éxito pasa por hacer programas que cumplan los requisitos que desean sus clientes y si estos piden acceso y capacidad de modificación del código fuente, queda en sus manos hacerlo.