La noticia de la “ilegalidad” de Airbnb en Nueva York (BI) no hace sino devolver al debate público un tema que estos meses ha estado muy presente en España: que Airbnb y otros servicios de la “economía P2P” están en el punto de mira de los legisladores en muchos lugares del mundo.

En nuestro país de hecho estamos en pleno proceso con la nueva ley de alquiler (20 Minutos, El País) que apunta a dejar en manos de las comunidades las restricciones a los alquileres privados por días para turistas.

Hay una parte del argumentario de los hoteleros que es bastante razonable: que muchas de estas transacciones no tributan y resulta una competencia desleal. Pero más allá de eso, establecer barreras de entrada más altas al mercado del alquiler de habitaciones o viviendas para turismo no hace sino encarecer el acceso al destino, disminuir la oferta, penalizar a quienes queremos viajar en familia o sólos pero con presupuesto más ajustado o directamente a quien prefiere quedarse en casa de alguien mejor que en un hotel.

Y, sobre todo, restringe la libertad de los individuos para hacer lo que encuentran lo más oportuno con sus propiedades y su dinero. Ahora que toca a las comunidades mover ficha, valoraría que no todo el mundo es Nueva York que tiene la restricción de no permitir el alquiler por menos de 29 días… aquellas regiones en las que no operen los Airbnb de turno tendrán menos turistas, precios más caros de hoteles y viviendas vacías con menos ingresos para sus propietarios.