Aunque la mayor parte de la polémica se la lleva el aspecto económico - que si estamos en crisis y se gastan el dinero público en comprar dispositivos de gama alta para los diputados - lo más lamentable de los planes de dar un iPhone 4 a cada diputado del congreso en España y un iPad para cada eurodiputado del Parlamento europeo es la ausencia de una crítica del modelo Apple de aceptación de aplicaciones. Los "representantes del pueblo" en España y en Europa sólo podrán ejecutar en sus equipos lo que unos ejecutivos de una multinacional americana decidan que pueden ejecutar. De hecho la última polémica en la App Store de Apple gira en torno a la censura de una versión en formato novela gráfica de una de las referencias culturales europeas, el Ulises de Joice (Wired).

Ni iPhone 4 ni iPad están especialmente diseñados para un uso profesional, aunque siempre podríamos tener una discusión sobre si pueden ayudar por facilidad de uso en la productividad de "sus señorías". Donde es más difícil defender esta decisión (Público apunta a "planes en España", Nación Red recogía la decisión del parlamento europeo) es en el modelo de apertura del dispositivo: años debatiendo sobre modelos de software en las administraciones públicas, de una intensa discusión sobre el software libre frente al propietario para que al final partidos con posiciones muy marcadas en este tema nos acaben diciendo que todo eso no importa, que lo que quieren es el último gadget de moda de Apple.

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