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Una de las noticias de la semana ha venido del norte (véase Kriptópolis). El gobierno noruego veta el uso de formatos propietarios en las comunicaciones entre ciudadanos y la administración pública. Simplemente se trata de una decisión consecuente y "de mínimos" en lo que a administración electrónica se refiere. Hay que recalcar que estamos hablando del uso de formatos y estándares abiertos, que no implican necesariamente el uso de software libre ni por la administración ni por los ciudadanos (por lo tanto no cabe hablar de fundamentalismo), sino de usar un idioma común y consensuado por las dos partes software implicadas en el tema. El uso de estándares abiertos, aprobados y controlados por organiaciones independientes son indispensables para la libertad de elección de software para los ciudadanos: poder hacer la declaración desde Linux, enviar un escrito realizado con OpenOffice.org o hacerlo también desde Windows y Office. Esa es la ventaja de un estándar abierto, que cualquier (incluso Microsoft) puede implementarlo y utilizarlo sin pagar por ello. Por eso no basta con publicar y permitir el uso de los formatos de Office, los estándares utilizados en una administración pública han de estar controlados por organizaciones independientes, para que su acceso y evolución no dependa del criterio de una de las empresas interesadas. ¿O alguien entendería que publicaran sus páginas sólo para un navegador? ¿o que tuvieran un aparcamiento en los que sólo entrasen un tipo concreto de coche?.