Objetivo: empeorar la experiencia en el P2P

Que la experiencia del P2P de contenidos con derechos se convierta en algo farragoso, obtuso, un gueto en el que lo complicado sea buscar y encontrar. Con eso sería suficiente – piensan los de la «Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos» – para conseguir sus fines y el camino para ello es ir contra las páginas que ofrecen enlaces a estos contenidos. Estas páginas se salvan con el código penal actual porque, aunque tengan ánimo de lucro, no distribuyen ni albergan contenido, sólo enlazan. El objetivo de la Coalición es que haya sentencias tipo Pirate Bay en España y que los operadores corten el acceso a las que se encuentren fuera del país. Desaparecido el modelo centralizado-Napster a Bitorrent se le «mata» acabando con las páginas de enlaces y los buscadores. No hay más que leer las soluciones para seguir descargando contenidos que dan los usuarios de Menéame: todas sonarían a marciano a la mayoría de los usuarios de internet.

Es lo que se desprende de lo filtrado hoy por los medios – Público, Expansión, hace más tiempo en El País – que añaden la solicitud de ir contra los usuarios en sus conversaciones con los proveedores de conexión Redtel. Lo segundo, hasta cierto punto, es una mera pose: al final el gobierno vendrá y nos dirá que ha sido ecuánime puesto que no ha atendido todas las peticiones de la industria y no ha decidido perseguir a los usuarios. De paso, se ahorraría el pequeño problema del derecho al secreto de las comunicaciones. En todo caso, parece que los que negocian el futuro de internet en España – la susodicha coalición y Redtel – están de acuerdo en constituir un órgano inquisitorial llamado «Comisión de Control de Contenidos Digitales», dedicado a decidir a qué páginas se niega el acceso desde España, sin necesidad de orden judicial.

Esta semana ha dado mucho que hablar un artículo de Casciari, terriblemente optimista. El optimismo de Casciari está en creer en que la industria de los contenidos y su ministra trabajan en la mejora de la experiencia del usuario en los servicios que le ofrece para acceder al contenido pagando, algo que parece bastante alejado de la realidad, la apuesta está por empeorar la experiencia a la hora de compartir contenidos en P2P. De hecho me gustaría estar de acuerdo con Casciari – hace tiempo hablábamos que para luchar contra el todo gratis del P2P la clave es ofrecer mejor experiencia al usuario – pero en realidad la nueva ministra no viene a lo que dice ni aunque viniese, está realmente en su mano. Otros comentarios al respecto los han formulado Gonzalo, Gallir o Dans.

Eso sí, el movimiento tendría un coste. No porque haya un operador fuera de Redtel – Jazztel – puesto que al final el gobierno legislará en función de lo que acuerden este grupo de operadoras y la industria de los contenidos (por cierto, curiosa manera de legislar, en una mesa dos partes interesadas y ninguna que defienda los intereses de los ciudadanos); el coste vendría dado por el hecho de que con un marco en el que enlazar a contenido con derechos de autor con ánimo de lucro convertiría a Google en delincuente. A Google y a muchos más servicios online, en fin, la «Comisión de Control de Contenidos Digitales» tendrá mucho trabajo para filtrar la red a la que podemos acceder. A los ISP lo de que haya menos P2P no les preocupa, el que más y el que menos, tiene interés en hacer negocio con contenidos (desde los Imagenio hasta el P4P) y piensan – con buen criterio – que la mayoría de los usuarios no renunciará a internet aunque no haya P2P.

Esta es la disputa que creo que vamos a tener los próximos meses. Gobierno, Redtel e industria de los contenidos jugando a una especie de «poli malo y poli bueno», en el que al final se perdonaría a los usuarios – clientes de todos, votantes – y se perseguiría a las webs de enlaces, que son muchos menos y a los que sólo – entienden – daría apoyo una minoría internauta, preocupada por aquello tan irrelevante de que un órgano administrativo cierre páginas y de que sean dos industrias las que realmente legislen.

Redtel ante los internautas y las bajas del ADSL

Las telecos que forman parte de Redtel están ante un problema un problema grave: grupos de internautas capaces de hacer mucho ruido se están organizando ante sus flirteos con las entidades gestoras de derechos y su predisposición a aplicar el modelo de tres avisos francés, basado en espiar las comunicaciones de sus clientes para luego eliminarles el derecho a las mismas si comparten contenidos con derechos (El confidencial / EFE).

Y no lo digo porque un blog o un vídeo articulado sobre los mensajes que ha dejado un pequeño grupo en Twitter sean por si mismos capaces de movilizar, sino porque en muchas comunidades de usuarios avanzados de ADSL, en muchos blogs de tecnología y en todas las redes sociales está corriendo el mensaje como la pólvora: las operadoras de Redtel (Telefónica, Vodafone, Orange, Ono), están dispuestas a aplicar el modelo por que perseguirán y espiarán por usar P2P. Y todos estos a los que llega el mensaje son auténticos influenciadores y prescriptores en el tema del ADSL, son «el amigo que configura el router», el hijo que explica como usar internet a sus padres y el vecino que te explica en el ascensor cual proveedor es mejor y más barato.

Las operadoras de Redtel tienen un problema serio, estratégico ante todo, de comunicación en segundo término. Tienen que decidir si se convierten en la policía de la SGAE, cumpliendo aquello de que los ISP traicionarán a los internautas en cuanto puedan entrar en el negocio de los contenidos. Ante esto hay dos salidas para ellos, echar atrás y renunciar a acuerdos con SGAE y cía o presionar al gobierno para que legisle a favor de éstas y poder decir «que les obligaron». Un escenario por el que sólo ellas cuatro apliquen el sistema de tres avisos sería un suicidio en toda regla.

El problema de comunicación tampoco es baladí, lejos quedan los tiempos en que los grandes medios escondían posicionamientos como la llamada de exgae a darse de baja de los operadores de Redtel. Los esfuerzos de publicaciones como el País para crear un clima favorable a establecer medidas de control de las comunicaciones de los ciudadanos han resultado infructuosas. Teléfonica corrió en dar marcha atrás en su campaña «contra las descargas ilegales», consciente del daño que le estaba haciendo posicionarse en el discurso de la SGAE. En definitiva, lo más probable es que ahora tengamos la callada por respuesta a la espera de que el Ministro de Cultura venga a solucionar «el problema» vía ley de avisos.