Responsabilidad legal por los comentarios de usuarios. El Supremo y la Audiencia Provincial de Madrid se manifiestan

Dos sentencias muy importantes en los últimos días para los que llevamos tiempo preocupados por los problemas legales derivados por comentarios en nuestros foros y blogs con la LSSICE. Hoy se ha conocido la de la Audiencia Provincial de Madrid, que da la razón Rankia por la denuncia que hizo Ausbanc, hace unos días otra del Tribunal Supremo en el caso QuejasOnline. En ambas sentencias se refleja que los prestadores de servicios de alojamiento no son responsables de los comentarios aportados por terceros y que por tanto no deben erigirse en jueces de los mismos.

Un respiro para muchos de los responsables de webs con participación de usuarios (blogs, foros, comunidades) y que vienen sufriendo una suerte de «matonismo judicial»: amenazas de meterte en litigios si no se borra todo lo que la marca aludido considere gravoso.

Sentencia a favor de la SGAE por comentarios en Merodeando

SgaeSentencia condenatoria en primera instancia contra Julio Alonso en su juicio por la demanda de SGAE, tal y como explica él en Merodeando, donde se puede encontrar la sentencia completa. Ya habíamos hablado de la demanda y de otros juicios en los que se hace responsables de los comentarios de los usuarios a los dueños de la web (caso Alasbarricadas).

Lo más desasosegante de la sentencia no es que llame «posit» a los comentarios o «positero» a quien los hace en demostración del conocimiento que tiene sobre lo que está juzgando, ni que a fin de cuentas lo que establece la LSSI-CE quede en papel mojado (todo aquello de la autoridad competente, que era la que podía señalar a los responsables de un sitio la presencia de contenido ilícito, comunicación tras la cual dicho contenido debía ser retirado con la «diligencia debida»), sino la justificación de la misma: como Julio Alonso tiene la posibilidad técnica del control de los contenidos por los usuarios, es responsable y como los comentarios «se corresponden con una línea argumentativa que se inicia con la información que él mismo ofrece», pues la cosa está clara: tened miedo, cortar cada conversación en la que alguien pueda sentirse herido (el «honor de la SGAE»), vigilad cada enlace… la era de las demandas para amedrentar al personal ha comenzado.

Actualización: como indican en los comentarios, el tribunal impone a Alonso una multa de 9.000 euros y le conmina a hacer pública la sentencia en su blog, a retirar los comentarios de su bitácora que generaron la demanda y a pagar las costas del juicio. Los datos, en El País.

PS: soy socio y compañero de Julio Alonso en Weblogssl.

Alasbarricadas.org condenada por comentarios en su foro

Realmente preocupante y desconcertante la la condena a alasbarricadas.org en el juicio por la demanda interpuesta por Ramoncín por vulneración de su derecho al honor. La sentencia se puede descargar de la propia web, en la que anuncian que van a recurrir.

Será interesante leer los análisis de los expertos en derecho que como Canut anuncian reflexiones en torno a la sentencia tras estudiarla en profundidad, entre otros detalles será interesante discernir hasta que punto es aplicable la LSSICE a un sitio sin actividad económica. Pero, en cualquier caso, el caso de Ramoncín contra alasbarricadas.org es muy importante para todos los que gestionan webs que permiten la participación de los usuarios por las consecuencias que se pueden extraer de él.

La LSSICE resultó muy polémica por la aparición de la autoridad competente, que era la que podía señalar a los responsables de un sitio la presencia de contenido ilícito, comunicación tras la cual dicho contenido debía ser retirado con la «diligencia debida» o afrontar las responsabilidades que su publicación supusiese. Lo peor de esta sentencia es que carga a los «prestadores de servicios» con responsabilidades que van más allá de esta diligencia tras el aviso de un órgano competente. De hecho, llega a convertir a particulares en «autoridades competentes de facto», como explican detalladamente algunas de las reacciones que empieza a haber en los blogs:

  • Consultor anónimo: esta misma sentencia condenatoria es la primera resolución de un órgano competente en la que se dice que esos contenidos son ilícitos. Hasta ahora nadie había fijado la ilicitud de los mismos, por lo que es en este mismo momento cuando el propietario de la web tiene conocimiento efectivo de la ilicitud… por lo tanto no es posible condenarle, en la misma sentencia, por no haber retirado esos contenidos…
  • Caspa.tv: la sentencia convierte de forma práctica al demandante en la figura de «órgano competente».
  • Port666: Son agravantes el hecho de que los comentarios fuesen «accesibles al público en general a través de Internet (vía actual de mayor audiencia)», el hecho de que la web tuviese «gran afluencia de visitas» y el hecho de que el acusado no haya adoptado cautelas de limpieza de su web «poniendo moderadores» y «fiscalizando mensualmente los contenidos de su página».
  • Microsiervos: Insistiendo en que no soy abogado y a la espera de análisis más cualificados de la sentencia y del resultado del recurso contra la sentencia que ya se ha anunciado, tal y como yo lo veo esto es una señal clara de que en el futuro los responsables de cualquier blog o foro podrían -podrán- ser condenados por comentarios de terceros, y eso me parece algo especialmente preocupante y grave.
  • Mangas Verdes: Insistimos en la gravedad de este caso porque de prosperar en ulteriores instancias crearía un grave precedente haciendo responsables a los webmasters de los comentarios vertidos por los usuarios y sin que medie una resolución judicial que los declare ilegales de por medio.
  • El clan: Un antes y un después para la libertad de expresión en Internet.
  • Pablo Geo: todo apunta a que habrá que moderar los comentarios en nuestros blogs acerca de temas serios.

El congreso y el entierro del 17bis

Quedaban todavía algunas dudas por informaciones que habían aparecido en los últimos días, pero según Hispalinux parece que podemos esperar que el congreso rechace el artículo 17bis de la reforma de la LSSICE teniendo en cuenta las enmiendas presentadas.

«Las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información dan mayoría parlamentaria para declarar el acceso a Internet por banda ancha como servicio universal y se manifiestan en contra de que las autoridades administrativas puedan cerrar páginas web sin orden judicial».

Más sobre el tema:

Retirado el 17bis de la reforma de la LSSICE

El polémico artículo 17bis de la reforma de la LSSI ha sido retirado. Eso afirma El otro lado, que cita como fuente al Buffete Almeida. De confirmarse, se cerraría la polémica sobre la la facultad censora de la SGAE en la red y habríamos aistido a todo un globo sonda por parte del gobierno. En cualquier caso, será interesante leer cómo queda el anteproyecto y qué lectura hacen del mismo los expertos en legislación antes de «cantar victoria»… sigue habiendo motivos para estar preocupados: El cierre de páginas web por la administración, ¿El regreso de la autoridad competente en la Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información?.

Actualización: enterrado, la confirmación en El Mundo.

Frikipedia derrotada por la demanda de la SGAE

SgaeLo cuenta Krusher en su blog, ha sido condenado como administrador de la Frikipedia a pagar las costas del juicio y una indemnización de 400 y 200 euros respectivamente la SGAE y Pedro Farré. Más allá de que haya habido injurias o vejaciones (Gallir indica cómo encontrar uno de los textos en Google), supone todo un impacto a los administradores de sitios colaborativos tipo wiki o foro (o blogs con comentarios si me apuran): Krusher afirma que no tenía conocimiento de dicho artículo antes de la demanda, ni que aun siendo el administrador de la web cualquiera tenía derecho de modificación o creación de los artículos de la página sin su consentimiento previo.

Más allá de debatir si «actuaciones de intimidación tipo mafia» o «gansteres, atracadores y estafadores» constituyen una injuria o debería ampararse por la libertad de expresión (tengo mi opinión al respecto, pero como he dicho no soy abogado), lo que me preocupa es que condenen al administrador de la web si median las circunstancias que él alega: desconocimiento de que estaba allí antes de la demanda.

Antes de sentenciar nada (y sin dejar de mostrar mi solidaridad con él), espero los análisis de expertos en derecho que puedan explicar esta sentencia que a primera vista se salta el principio de que los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos no son responsables si no tienen conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización (tal y como afirma la LSSI-CE).

En Banda Ancha han colgado los fundamentos jurídicos de la sentencia.

Actualización: David Maetzu y Andy Ramos comentan la noticia, explicando por qué no es aplicable la LSSI-CE.

El cierre de páginas web por la administración

Últimamente se ha vuelto a hablar bastante del proyecto de Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información y de la posibilidad de que órganos administrativos – y no jueces – pudieran cerrar páginas web. El debate se puede encontrar en numerosos blogs – por ejemplo Caspa.tv – y en casi todas partes se obviaba el apartado 3 del artículo 11 (véase pdf) que viene a decir qué

En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando estos pudieran resultar afectados.

En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo.

Por lo que, a mi entender, no tenía uno motivos para modificar la conclusión que sacó cuando se publicó el borrador (allá por Septiembre) y que venía a ser que la redacción era confusa, que sería deseable su modificación para eliminar todo posible entendimiento de que un órgano administrativo puede cerrar una página o servicio de internet pero que no cambiaba demasiado respecto a la versión definitiva de la LSSI-CE.

Pero en estas llega El País (gracias Antonio) y, citando «una de las reformas previstas en el anteproyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información que ha redactado el Gobierno» destapa que se va a «permitir a las administraciones públicas que sean competentes en cada caso el control de los contenidos publicados en internet que puedan suponer peligro de fraude»

También afirma que se van a trasladar controles que las distintas administraciones tienen sobre algunos sectores, como la publicidad engañosa de productos farmacéuticos o las infracciones en materia de Consumo, a la web. Se acaba concluyendo, según El País, que se podrán cerrar webs en las que se cometan fraudes sin orden del juez. Vamos una traslación del mundo offline a la sociedad de la información.

Pero este planteamiento tiene serios problemas, en el mundo offline es sencillo distinguir un periódico (derecho de información, libertad de prensa) que sólo podría ser cerrado por un juez, de un camello o una farmacia en la que se vendan productos falsos. Pero veamos alguna web, la de El País por ejemplo. ¿Es un periódico? Cualquiera diría que sí, pero también tiene una integrada una tienda online, que además no es gestionada por los responsables del medio.

Si se produce algún fraude en ese comercio (que no va a pasar, claro) ¿puede un órgano administrativo cerrar el País en la web? ¿Quién clasifica qué es una publicación de lo que no lo es? ¿a través de la definición contenida en la LSSI-CE de «actividad económica»? Porque en ese caso, cualquier página con publicidad entraría en el saco.

En definitiva, queda esperar a ver esas modificaciones plasmadas porque lo adelantado por la prensa es, cuando menos, preocupante.

¿El regreso de la autoridad competente en la Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información?

Los primeros borradores de la LSSI-CE contemplaban que la «autoridad competente» pudiese ordenar la interrupción de la prestación de un servicio de la sociedad de la información, ordenar que se retire la información o se impida el acceso a ella. Dado que el artículo 20 de la Constitución Española exige una resolución judicial para bloquear un medio de información, esto transgredía la carta magna al otorgar a un órgano administrativo (difuso debido a la ambigua redacción) la capacidad de censurar publicaciones. Tras una larga y agria polémica, la redacción final de la LSSI-CE acababa haciendo explícito en su artículo 8 lo que no podía ser de otra forma:

En la adopción y cumplimiento de las medidas de restricción a que alude este apartado se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando éstos pudieran resultar afectados.

En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo.

Nota completa

Y esto que parecía enterrado y más que enterrado vuelve a la palestra merced a unas declaraciones del ya ex-ministro Montilla (El Mundo) sobre lo que propondrá el ministerio de Industria para su Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información: «El Gobierno podrá impedir el acceso desde España a servicios o contenidos internacionales cuya interrupción o retirada haya decidido un órgano competente».

El viernes fue presentada a consulta pública dicho proyecto de Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información (Barrapunto, El otro lado, Buffet Almeida) en el que encontramos en el artículo 11:

Cuando un órgano jurisdiccional o administrativo hubiera ordenado, en ejercicio de las competencias que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en España, y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente.

Aunque a renglón seguido se matiza que…

En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo.

Se puede descargar el anteproyecto de Internautas.org.
Partiendo de que no soy un profesional en derecho y de que en principio parece una redacción muy similar a la versión definitiva de la LSSI-CE, este artículo me resulta una oportunidad desaprovechada para eliminar todo posible entendimiento de que un órgano administrativo puede cerrar una página o servicio de internet. Partiendo de que sólo un juez según la constitución puede bloquear un medio de información, sólo se entiende la primera parte del artículo si se planea buscar subterfugios a este principio. Desde luego, un tema para preocuparse y para seguir muy de cerca.

Relaaks, la darknet sueca

RelakksHoy todo el mundo habla de Relaaks, la darknet creada por el «Partido Pirata» sueco. Básicamente lo que ofrecen es una red privada virtual (VPN) que permite realizar cualquier activadad online – desde el P2P a la navegación web o la VoIP – con encriptación de 128 bits, lo que impedirá al ISP que tengas contratado (en Suecia, claro, que nadie piense en Jazztel) o a cualquier otra organización saber qué haces con tu conexión, guardar logs de tus actividades o poner límites a las conexiones P2P.

Lo más interesante de Relaaks es que no almacenan información acerca de las actividades del usuario, sólo facilitarían a las autoridades (sólo a las suecas) la información de registro. Es más, sólo comenzarían a monitorizar a un usuairo si la policía tiene evidencias de que estaría involucrado en un delito que conllevara más de dos años de cárcel.

Todo esto es posible gracias a ley de telecomunicaciones sueca, garantista del derecho a la intimidad de sus usuarios. En España una darknet como esta Relaaks (entiendo que) sería ilegal: la LSSICE obliga a los prestadores de servicio a «Retener los datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información».

Si no recuerdo mal es la primera vez que se plantea un negocio alrededor de las darknets dirigido a cualquier usuairo de internet. Cobran cinco euros al mes por el servicio, que no es algo muy diferente a lo que se puede conseguir con Tor y/o Freenet. Me queda la duda de que, como afirman, Relaaks sea escalable y no haga disminuir el rendimiento de la conexión del usuario aún con muchos participantes.

Lo dicho, no es nada nuevo, pero por un lado hace más fácil al usuario medio el salvaguardar la intimidad en la red y por otro puede tener un impacto mediático que espolee un debate necesario sobre el derecho a la privacidad en las comunicaciones.

Sitio oficial: Relakks.