La LISICE y la responsabilidad por los comentarios en un blog o foro

«Los administradores de foros, blogs y wikis no son responsables de los contenidos aportados por terceros. La Audiencia Provincial de Lugo confirma la sentencia que absolvió a mindoniense.com». Así titula Bufet Almeida la sentencia que absuelve a los administradores de un foro por comentarios hechos por usuarios.

Y, no es que no me alegre, pero mi impresión es que la situación es «algo confusa», en algunos casos no se aplica la LSSICE en casos similares y por otro tenemos un efecto curioso: como esta ley sólo se aplica a los prestadores de servicio con «actividad económica», se puede crear una situación paradójica, ¿Quieres tener más seguridad por los comentarios que dejan en tu blog o foro? Añade un banner.

La Agencia de protección de datos contra el «enviar a un amigo»

De piedra se queda uno ante la sanción de la Agencia de protección de datos a una web con la opción de «enviar a un amigo», ese mecanismo por el que muchas intentan lograr que sus usuarios más convencidos inviten a sus amigos y familiares. La información la dan, entre otros, El economista y en la web de la Agencia de protección de datos se puede acceder a la resolución (en formato PDF).

La clave de la sanción se encuentra en el siguiente párrafo:

El envío publicitario que el denunciante manifiesta haber recibido, corresponde a una campaña continua de captación de clientes que promueve el demandado. Dicha campaña consiste en ofrecer a los clientes registrados la posibilidad de recomendar a sus familiares y amigos los servicios de Iniciativas Virtuales a través de la página web, para lo cual existe en dicha página web una facilidad que permite remitir a una dirección de correo electrónico un mensaje informativo invitando al destinatario a registrarse en ella. El mensaje que recibe el destinatario incluye un botón que enlaza directamente con la página de inscripción de clientes.

Es decir, quien decide mandar el mensaje es un usuario y no la empresa ¿el problema? Que el correo se envía con la IP de la web en la que está la opción de «enviar a un amigo» y, para la Agencia de protección de datos, se vulnera la LOPD (el destinatario no ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos con la finalidad de enviarle comunicaciones comerciales por vía electrónica) y la LISI («el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas»).

Con esto nos encontramos con que todas esas redes sociales que te ofrecen la opción de «invitar a tus amigos» y los sacan de la agenda de tu correo vulneran la LOPD y la LISI, al menos desde esta lectura de la Agencia de Protección de datos. Eso sí, me da la impresión de cada vez más la Agencia de Protección de Datos está haciendo una lectura realmente restrictiva de la LOPD: perseguir comunicaciones claramente iniciada por un particular y sancionar a una web por ofrecerle la herramienta de enviar un correo a alguien a quien conoce (y de quien tiene su dirección) no es luchar contra el spam, es llevarnos a un escenario dantesco en el que todo el que quiera tocarle las narices a una web con cualquier tipo de comunicación, puede contar con las fabulosas sanciones de la LOPD.

Aprobados LISI y el canon

Y uno no sabe que resulta más desesperanzador: la LISI que pone en manos administrativas el cierre de página web o el mantener el canon que hará que entre todos le demos más de 100 millones de euros a la SGAE para que esta los administre como le venga en gana. La crónica del debate en El País.

Ah, todo esto es para el «impulso de la sociedad de la información». Si alguno, como un servidor, ha asistido al debate del canon en el congreso comprenderá que el problema no es la sociedad de la información sino la sociedad a secas en manos de esta casta de políticos. Tengo sensaciones parecidas a las de Juan Luis y Raúl: aunque el canon no sea ni mucho menos la primera de mis preocupaciones, si que me ha servido para entender la sumisión al culturetariado de unos, lo barato que venden su voto otros (hay partidos que parece que no tienen ideas, sólo alcanzan pactos y consiguen beneficios) y lo oportunistas que son los de más allá.

Más sobre la Lisi y sobre el canon.

La semana de la LISI y el canon digital

Semana decisiva no sólo en el tema del canon digital, sino en otros muchos aspectos de la LISI, como apunta Versvs. Hay un montón de información al respecto, aquí una breve selección de artículos y posts que creo muy interesantes al respecto:

  • Microsiervos hace una composición de lugar, con un resumen de la situación actual y muchos enlaces.
  • Cervera apunta con acierto a que eliminar el canon no es suficiente, de hecho puede ser contraproducente si viene acompañado de la eliminación del derecho a copia privada.
  • Enrique se hace eco de una concentración de la SGAE en la que convocan a los «creadores» para presionar al gobierno con vistas a mantener sus ingresos. Evidentemente, todos los que creamos estamos invitados a acudir y expresar nuestra opinión.
  • Carlos Almeida apunta a que el canon no puede ser eliminado completamente al venir de una directiva europea.
  • En Público una entrevista a Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
  • En Todos contra el canon han habilitado un formulario que te permitirá enviar una valoración contra el canon a todos los Diputados en apenas un minuto desde tu correo electrónico.
  • Mangas Verdes: La batalla del canon… y de las libertades.

El culturetariado no está sólo

Cuando hablábamos sobre la «dictadura del culturetariado» no imaginaba cuan numerosos iban a ser meses después los candidatos a censores de la red . Grupos deseosos de poder hacer desaparecer esa molesto uso que hacen los ciudadanos de internet para comunicarse libremente y sin que le espíen y le censuren. Veamos:

  • Me pasa Miguel la noticia de que Ausbanc Consumo demanda a Rankia por unas críticas recibidas en los foros de esta comunidad financiera. Apunta a un nuevo caso «Alasbarricadas«, en el que la LSSICE quedó superada por una sentencia incomprensible.
  • Desde el sector turístico proponen «regular los blogs de manera que exista un compromiso ético por parte de sus promotores de buscar una herramienta que garantice la credibilidad de las opiniones que en ellos se vierte«. ¿Que los empresarios regulen los blogs y todos los comentarios que se vierten en los sitios de viaje? Claro, genial. Imperdible el post de Tecnorantes.
  • Por último un rumor que deja frío: los ISP estarían dispuestos a aceptar una situación similar a la francesa por la que se puede cortar la conexión a alguien que baje algo «indebido» por P2P. Vamos a espiar las comunicaciones de sus usuarios para favorecer a la industria de los contenidos… ¿a cambio de qué?. Lo analiza Versvs.

Y mientras hoy y mañana se celebra en Málaga el encuentro Encode sobre «sociedad del conocimiento y participación de la ciudadanía global», auspiciado por los mismos políticos que han engendrado la LISI.

La LISI aprobada en el congreso

La LISI ha sido aprobada en el congreso y a la espera de su paso por el Senado, sigue generando bastante inquietud. Tras la retirada del artículos 17bis, se sigue discutiendo acerca del cierre de páginas web por la administración. El problema ya lo comentamos por aquí, la nueva LISI quiere distinguir entre páginas web en las que se ejerza la libertad de expresión, y que sólo podría cerrar un juez, de otras en las que no y que podrían ser retiradas por «órganos administrativos competentes». Citando textualmente:

«la autorización del secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución sólo podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes»

El símil offline sería que sólo un juez puede cerrar un periódico, pero que órganos administrativos pueden detectar locales en los que se trafica y cerrarlos de inmediato. El planteamiento de la LISI es extrapolar esta forma de proceder a internet, como si en la web sólo hubiese páginas puras de contenidos y otras que fuesen únicamente comercios, algo que – por poner un ejemplo – es imposible de sostener desde el momento en que existen webs como la de El País, con sus contenidos, pero también con su tienda online integrada. En caso de detectar un delito en la tienda de este tipo de páginas ¿qué es lo que propone la LISI? ¿Hace falta un juez para cerrarlas? Pues será la autoridad administrativa quien determinade si un contenido afecta o no a la libertad de expresión.

Falla la LISI al intentar de extrapolar situaciones offline al contexto más complejo de la web. El resultado puede ser desastroso si en el Senado no se arregla: la libertad de expresión de facto en manos de autoridades administrativas.

Más información: Texto en PDF, Microsiervos, Buffet Almeida, El Mundo.

La LISI que nos viene

La Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información está más cerca a su tramitación final en el parlamento, con varias de las polémicas que llevamos comentando los últimos meses sobre la mesa. El regreso de la autoridad competente, el el cierre de páginas web por la administración y el otorgar facultades censoras a la SGAE son algunas de ellas, pero no deberíamos olvidarnos de la neutralidad de la red, garantizar el acceso a la banda ancha o la liberación de la información generada por la administración, como han reclamado las enmiendas de diversas asociaciones.

Lo que nos jugamos con esta ley lo analizan a la perfección en algunos de los siguientes enlaces:

  • Dans en LD: Jugándonos el futuro en el Parlamento.
  • Gallir: La LISI y la corrupción.
  • Microsiervos: Lo que nos jugamos con la LISI.
  • Juan Freire: La LISI y la corrupción moral de los políticos.

Y puede resumirse en que están en juego la libertad de expresión en la web, la neutralidad en la red y que la información pública lo sea a efectos prácticos, en si los políticos van a defender los intereses de grupos de presión o defenderán los intereses y la libertad de los ciudadanos. Si estamos ante la dictadura del culturetariado canalizando los deseos de las gestoras de derechos para censurar la web y el ceder ante las telecos (¿para compensarles el canon?) no legislando en pro de la neutralidad de la red. Y estos temas van mucho más allá de un voto geek o internauta, deberían formar parte de los grandes debates de este país, de las tertulias, de páginas de opinión de los medios. Si algo se puede aportar desde la blogosfera tecnológica, que sea poner la lupa en la LISI y las consecuencias que podría tener.

Retirado el 17bis de la reforma de la LSSICE

El polémico artículo 17bis de la reforma de la LSSI ha sido retirado. Eso afirma El otro lado, que cita como fuente al Buffete Almeida. De confirmarse, se cerraría la polémica sobre la la facultad censora de la SGAE en la red y habríamos aistido a todo un globo sonda por parte del gobierno. En cualquier caso, será interesante leer cómo queda el anteproyecto y qué lectura hacen del mismo los expertos en legislación antes de «cantar victoria»… sigue habiendo motivos para estar preocupados: El cierre de páginas web por la administración, ¿El regreso de la autoridad competente en la Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información?.

Actualización: enterrado, la confirmación en El Mundo.

El cierre de páginas web por la administración

Últimamente se ha vuelto a hablar bastante del proyecto de Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información y de la posibilidad de que órganos administrativos – y no jueces – pudieran cerrar páginas web. El debate se puede encontrar en numerosos blogs – por ejemplo Caspa.tv – y en casi todas partes se obviaba el apartado 3 del artículo 11 (véase pdf) que viene a decir qué

En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando estos pudieran resultar afectados.

En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo.

Por lo que, a mi entender, no tenía uno motivos para modificar la conclusión que sacó cuando se publicó el borrador (allá por Septiembre) y que venía a ser que la redacción era confusa, que sería deseable su modificación para eliminar todo posible entendimiento de que un órgano administrativo puede cerrar una página o servicio de internet pero que no cambiaba demasiado respecto a la versión definitiva de la LSSI-CE.

Pero en estas llega El País (gracias Antonio) y, citando «una de las reformas previstas en el anteproyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información que ha redactado el Gobierno» destapa que se va a «permitir a las administraciones públicas que sean competentes en cada caso el control de los contenidos publicados en internet que puedan suponer peligro de fraude»

También afirma que se van a trasladar controles que las distintas administraciones tienen sobre algunos sectores, como la publicidad engañosa de productos farmacéuticos o las infracciones en materia de Consumo, a la web. Se acaba concluyendo, según El País, que se podrán cerrar webs en las que se cometan fraudes sin orden del juez. Vamos una traslación del mundo offline a la sociedad de la información.

Pero este planteamiento tiene serios problemas, en el mundo offline es sencillo distinguir un periódico (derecho de información, libertad de prensa) que sólo podría ser cerrado por un juez, de un camello o una farmacia en la que se vendan productos falsos. Pero veamos alguna web, la de El País por ejemplo. ¿Es un periódico? Cualquiera diría que sí, pero también tiene una integrada una tienda online, que además no es gestionada por los responsables del medio.

Si se produce algún fraude en ese comercio (que no va a pasar, claro) ¿puede un órgano administrativo cerrar el País en la web? ¿Quién clasifica qué es una publicación de lo que no lo es? ¿a través de la definición contenida en la LSSI-CE de «actividad económica»? Porque en ese caso, cualquier página con publicidad entraría en el saco.

En definitiva, queda esperar a ver esas modificaciones plasmadas porque lo adelantado por la prensa es, cuando menos, preocupante.

¿El regreso de la autoridad competente en la Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información?

Los primeros borradores de la LSSI-CE contemplaban que la «autoridad competente» pudiese ordenar la interrupción de la prestación de un servicio de la sociedad de la información, ordenar que se retire la información o se impida el acceso a ella. Dado que el artículo 20 de la Constitución Española exige una resolución judicial para bloquear un medio de información, esto transgredía la carta magna al otorgar a un órgano administrativo (difuso debido a la ambigua redacción) la capacidad de censurar publicaciones. Tras una larga y agria polémica, la redacción final de la LSSI-CE acababa haciendo explícito en su artículo 8 lo que no podía ser de otra forma:

En la adopción y cumplimiento de las medidas de restricción a que alude este apartado se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando éstos pudieran resultar afectados.

En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo.

Nota completa

Y esto que parecía enterrado y más que enterrado vuelve a la palestra merced a unas declaraciones del ya ex-ministro Montilla (El Mundo) sobre lo que propondrá el ministerio de Industria para su Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información: «El Gobierno podrá impedir el acceso desde España a servicios o contenidos internacionales cuya interrupción o retirada haya decidido un órgano competente».

El viernes fue presentada a consulta pública dicho proyecto de Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información (Barrapunto, El otro lado, Buffet Almeida) en el que encontramos en el artículo 11:

Cuando un órgano jurisdiccional o administrativo hubiera ordenado, en ejercicio de las competencias que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en España, y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente.

Aunque a renglón seguido se matiza que…

En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo.

Se puede descargar el anteproyecto de Internautas.org.
Partiendo de que no soy un profesional en derecho y de que en principio parece una redacción muy similar a la versión definitiva de la LSSI-CE, este artículo me resulta una oportunidad desaprovechada para eliminar todo posible entendimiento de que un órgano administrativo puede cerrar una página o servicio de internet. Partiendo de que sólo un juez según la constitución puede bloquear un medio de información, sólo se entiende la primera parte del artículo si se planea buscar subterfugios a este principio. Desde luego, un tema para preocuparse y para seguir muy de cerca.