Que la experiencia del P2P de contenidos con derechos se convierta en algo farragoso, obtuso, un gueto en el que lo complicado sea buscar y encontrar. Con eso sería suficiente - piensan los de la "Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos" - para conseguir sus fines y el camino para ello es ir contra las páginas que ofrecen enlaces a estos contenidos. Estas páginas se salvan con el código penal actual porque, aunque tengan ánimo de lucro, no distribuyen ni albergan contenido, sólo enlazan. El objetivo de la Coalición es que haya sentencias tipo Pirate Bay en España y que los operadores corten el acceso a las que se encuentren fuera del país. Desaparecido el modelo centralizado-Napster a Bitorrent se le "mata" acabando con las páginas de enlaces y los buscadores. No hay más que leer las soluciones para seguir descargando contenidos que dan los usuarios de Menéame: todas sonarían a marciano a la mayoría de los usuarios de internet.

Es lo que se desprende de lo filtrado hoy por los medios - Público, Expansión, hace más tiempo en El País - que añaden la solicitud de ir contra los usuarios en sus conversaciones con los proveedores de conexión Redtel. Lo segundo, hasta cierto punto, es una mera pose: al final el gobierno vendrá y nos dirá que ha sido ecuánime puesto que no ha atendido todas las peticiones de la industria y no ha decidido perseguir a los usuarios. De paso, se ahorraría el pequeño problema del derecho al secreto de las comunicaciones. En todo caso, parece que los que negocian el futuro de internet en España - la susodicha coalición y Redtel - están de acuerdo en constituir un órgano inquisitorial llamado "Comisión de Control de Contenidos Digitales", dedicado a decidir a qué páginas se niega el acceso desde España, sin necesidad de orden judicial.

Las telecos que forman parte de Redtel están ante un problema un problema grave: grupos de internautas capaces de hacer mucho ruido se están organizando ante sus flirteos con las entidades gestoras de derechos y su predisposición a aplicar el modelo de tres avisos francés, basado en espiar las comunicaciones de sus clientes para luego eliminarles el derecho a las mismas si comparten contenidos con derechos (El confidencial / EFE).

Telefónica empieza campaña con el lema "bajando contenidos ilegales contribuyes a la piratería", como han detectado en Banda Ancha. Destaca el uso de su imagen corporativa en la misma, le indefinición del lema (¿qué es un contenido "ilegal"?) y que este paso venga de mano del mayor proveedor del país justo después de que se anunciaran las conversaciones (El confidencial) para buscar un acuerdo entre Redtel y la SGAE para espiar y controlar las comunicaciones de los ciudadanos en internet.

El escenario que se dibuja para este y el próximo año es el de un gobierno dispuesto a legislar medidas "antipopulares" similares a las de Francia y Reino Unido y unos proveedores de internet (sobre todo los de Redtel, Telefónica, Ono, Vodafone y Orange) que se sumarán gustosos a ayudar a controlar la red, lo que se pueda comunicar en ella y de matar la neutralidad en el mismo momento en que se lleven parte del negocio de los contenidos, algo que viene siendo su sueño desde hace años.

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Actualización: parece que ahora Telefónica niega la campaña (Menéame). Lo cierto es que tal como enlazó Banda Ancha, pude ver la creatividad en soitu.es

La RIAA abandona la estrategia de las demandas a usuarios que comparten material con copyright, en favor de otras más cercana a la política de los "3 avisos francesa". Los detalles los da el WSJ, que explica que esta nueva etapa vendrá marcada por una alianza con los proveedores de conexión a internet, que colaborarán espiando la actividad de los usuarios y amenazando con cortar la conexión a todos aquellos que no cesen en su actividad.

Acaba así un período de varios años en los que la RIAA (en 2004 nos escandalizábamos con esto) ha protagonizado oleadas de querellas con un alto coste en dinero y con momentos tragicómicos, con demandas a ancianas y niños de trece años al apenas saber la IP del usuario y no tener ningún dato más. Como comenta Mariano, estamos en un nuevo escenario en el que, con las colaboración de los proveedores de internet, se renuncia a competir con el P2P con una mejor experiencia para intentar controlar lo que se hace en la red y vulnerar su esencia de terreno neutral.

¿Y en España? La SGAE ha tenido tiempo de aprender de la experiencia de la RIAA. Eso, unido al diferente marco legal que hace que compartir contenidos con derechos de autor no sea ilegal, les ha hecho apostar mucho más por el lobby. El Ministerio de Cultura ya ha anunciado una medida "antipopular", es decir, para favorecer a unos pocos y perjudicar a muchos (El otro lado).

Demanda a SourceForge, Vuze, Shareaza y Limewire por parte de la industria discográfica en Francia a través de la organización Société civile des Producteurs de Phonogrammes en France (SPPF). En TorrentFreak explican el caso, aprovechando la legislación aprobada por el gobierno Sarkozy - que llega a contempla el corte de conexión a internet - las discográficas exigen que todo el software que permita compartir contenidos a los usuarios tenga un filtro para evitar que lo hagan con aquellos con derechos de autor.

Demandando a sistemas como Vuze, Shareaza y Limewire los franceses abren una veda realmente inquietante: que todo sistema en la red venga con un filtro capaz de detectar qué contenidos ellos no permiten que se compartan. Al margen de la cuestionable viabilidad técnica de la exigencia, quieren conducir al sector tecnológico a un escenario de antiinovación: si pensamos en que los mismos principios los quieran aplicar a la descarga directa, a los nuevos servicios de sincronización o al propio navegador web, llegaríamos a un escenario en que la investigación deberá dirigirse a limitar la tecnología más que a explorar el valor real que puede aportar en términos de satisfacción de necesidades del usuario final.

Mención aparte merece la demanda a Sourceforge, el repositorio de software libre por excelencia, sólo por el hecho de hospedar el proyecto Shareaza, sin importar que lo haga desde fuera de Francia. Con movimientos como este, las discográficas demuestran lo peligrosas que pueden llegar a ser si los gobiernos, como es el caso del francés, legislan conforme a sus intereses.

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A un paso de conseguirlo están en Reino Unido, establecer un impuesto a internet de 30 libras al año por descargar contenidos con derechos de autor. Forma parte del plan que prepara el gobierno británico y que ha acordado con los grandes proveedores de internet bajo la presión de la industria de la música. Envío de cartas "para concienciar", disminución de la velocidad para quien descargue o este nuevo impuesto son las medidas que lo conformarán mientras se deciden a desconectar a quien comparta música en el P2P.

A lo que asistimos no es sólo a la expansión del modelo de "canon", ese impuesto que tanto conocemos en España, sino a la decisión de un gobierno de obligar a los operadores de internet (que tampoco parece que opongan gran resistencia) a espiar las comunicaciones de los ciudadanos para salvaguardar el modelo de negocio de parte de la industria de la música. De hecho este impuesto es apenas un primer paso hacia el escenario de control de internet por la industria de los contenidos.

Más información y enlaces en El Mundo.

Relacionadas:

• Los intentos de los gobiernos por controlar internet. Tendencia 2008.
• Reino Unido se plantea el control de internet por la industria de los contenidos.

Los ministerios de Cultura e Industria fijan el periodo de presidencia española de la UE (primer semestre de 2010) como límite para tener un "nuevo marco jurídico que frene el intercambio gratuito de contenidos". Así reza el subtitulo del artículo de Público que recoge un comunicado de la Comisión Intersectorial presidida el ministro de Cultura, César Antonio Molina.

Este "nuevo marco" llevaría a un escenario en el que los proveedores de internet colaborarían con las sociedades de derechos de autor para espiar y controlar las comunicaciones de los usuarios, de forma que se impusiesen las condiciones de los segundos.

Resulta curioso como en los comentarios en Menéame a esta noticia hay quien apunta a que "para esa época tendremos el P4P como alternativa". Y es que es precisamente al revés, los proveedores de internet estarán encantados de censurar la red, de controlar lo que se pueda comunicar en ella y de matar la neutralidad de la red en el mismo momento en que se lleven parte del negocio de los contenidos, algo que viene siendo su sueño desde hace años. Y, precisamente, el P4P es un camino para ello.

Jazztel, Tele2 y Telefónica estarían interfiriendo el tráfico de Bittorrent, según un informe de Azureus construido a partir de los datos de usuarios que han compartido información con un plug-in en su cliente Vuze. Mientras que ver a Ono en la lista no me ha sorprendido en absoluto - un clásico a la hora de decidir por sus usuarios qué tipo de tráfico debe tener prioridad - la entrada de Jazztel, Tele2 y Telefónica sí que me ha resultado chocante, sobre todo los dos primeros

En el pdf del informe compartido por TorrentFreak sitúa a Tele2 en el puesto 34 de los peores proveedores de conexión a internet a la hora de bajar torrent, mientras que Jazztel es el 70 (peor que ONO, situado en la posición 72) y Telefónica España se encuentra en el 74. No tengo razones para dudar de que el estudio se haya elaborado con rigor, aunque personalmente mi experiencia con Jazztel y la descarga de contenidos mediante de Bittorrent es justo la contraria, bastante satisfactoria... por lo que empezaría a plantearme si puede haber otras causas para estos resultados: escasez de muestras desde algunos ISP o routers mal configurados que puedan afectar a los resultado podrían ser dos de ellas.

En todo caso, una variable a considerar a la hora de escoger proveedor de conexión a internet.

También lo han comentado en Banda Ancha.

Las pruebas realizadas por varios proveedores de internet apuntan a una mejora de 235 por ciento en la velocidad de Pando usando técnicas P4P. Merece la pena recordar qué es el P4P como sistema de optimización del P2P: se trata de que el proveedor de la conexión facilita información de la topología de su red al protocolo de intercambio de ficheros para optimizar su rendimiento. A priori, el propósito es hacerlo sólo con aquellos sistemas P2P que controlen qué se comparte y compartan negocio con los proveedores de internet. Entre los ISP que han participado en las pruebas de P4P y Pandro tenemos a Orange y a Telefónica, como cuentan en el blog de Pando.

Detrás de todo esto tenemos el eterno interés de los proveedores de internet de llevarse un pedazo del negocio de los contenidos: optimizar el tráfico de un determinado P2P que controle qué se comparte y distribuya películas o televisión con publicidad (o de pago por visión), llevándose una tajada de los ingresos. De un escenario que debería beneficiar a todos, los usuarios que obtendrían un mejor rendimiento de las aplicaciones P2P y a los proveedores de internet, que verían minimizado el consumo de recursos, pasamos a lo que vendría a ser una vulneración del principio de neutralidad de la red: priorizar y optimizar sólo el tráfico que se somete a los principios que convienen al proveedor de conexión, no dando datos de topología de la red a quien no entre por el aro.

Por cierto, no es extraño ver a Telefónica en estas pruebas con Pando y el P4P, ya hace un año se manifestaron contrarios a la neutralidad de la red.

El parlamento europeo ha votado en contra de quitar la conexión a internet a quien use programas P2P para compartir contenidos con derechos de autor. 314 a 297 ha sido el reñido resultado de la votación de una enmienda (europarl.europa.eu, inglés y fichero Word) que insta a evitar medidas que

"entren en conflicto con las libertades civiles y los derechos humanos y con los principios de proporcionalidad, efectividad y capacidad de disuasión como sería la interrupción del acceso a internet"

Aunque la votación no sea vinculante - no es una directiva ni un reglamento - si al menos refleja gran oposición a la corriente por controlar internet y convertir a los proveedores de conexión a internet en policías de la industria cultural, como vienen imponiendo los gobiernos de Francia y Reino Unido.

Más información en Ars Technica.