Tenía pendiente dejar constancia de una buena noticia, como ha sido durante esta semana la de que el proyecto de ley de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a la Administración Pública recoge la obligación de utilizar estándares abiertos, con lo que no se forzará a los ciudadanos el uso del software de un determinado proveedor. Se sustituye por tanto la acepción de "estándares internacionales aceptados" en la LAECAP, que abría la puerta a mantener al ciudadano y a la administración presos de un único proveedor, que al tener el control sobre el estándar en cuestión impone sus soluciones tecnológicas a ambas partes.

La información, en el El Mundo, y lo comenta entre otros Fernando Acero.