En la encuesta 'Actualidad y previsiones del mercado inmobiliario', de Profesionales SU VIVIENDA, publicada el viernes 27 de febrero, la mayoría del sector inmobiliario ya creía necesario realizar una profunda reforma en el régimen residencial de España, con el objetivo de potenciar el actual parque de vivienda protegida y el alquiler. Así lo consideraba el 77% de los operadores del mercado, de los que el 94% de los promotores veía imprescindible elevar el precio oficial.
En este sentido, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, parece haber sido sensible a las peticiones de los promotores. Trujillo ya ha manifestado en varias ocasiones la intención del Ejecutivo de reformar el Decreto que regula el Plan de Vivienda para aumentar el precio máximo del módulo de Vivienda de Protección Oficial (VPO), con el objetivo de promover la construcción de este tipo de pisos.
Sin embargo, esta subida no afectará por igual a todas las zonas del territorio nacional. Según la ministra, «no todas las comunidades autónomas tienen el mismo precio de módulo», por lo que «la subida no será lineal en todas las regiones».
Subidas inferiores al 25%
Lo que parece claro es que la responsable de la cartera de Vivienda no tiene intención de subir el precio de VPO en un 25%, como demandan los promotores. Esta cifra ha sido calificada por la ministra de «excesiva», al mismo tiempo que recordaba que «construir vivienda protegida con el actual precio es rentable para muchas empresas, tal y como reflejan sus cuentas de explotación».
En la misma encuesta, el 70% de los promotores estaba a favor de rescatar las deducciones para los arrendatarios. Una proposición que la ministra no sólo ha escuchado, sino que ha llevado más allá. A la intención de la ministra de otorgar ayudas fiscales a los inquilinos se ha unido en la última semana el anuncio de ayudas directas a todos aquellos ciudadanos que alquilen una vivienda.
Estos cambios previstos por el Gobierno servirían de revulsivo para potenciar la oferta de arrendamiento residencial. Pero, ¿hasta qué punto? Pues bien, el 38% de los encuestados opinaba que España tendría que disponer de un parque de entre el 15% y el 20% de viviendas arrendadas, mientras otro 34% de los operadores decía que el porcentaje idóneo para nuestro país sería de más del 20% para los próximos años.
Fuente: El Mundo
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