Uno de los aspectos del Plan de Vivienda es la modificación del periodo de vida útil de una VPO por un mínimo de 30 años. El objetivo desde el ministerio es que las comunidades autónomas establecerán el periodo a partir de ese plazo (como siempre el conflicto de competencias) añadiendo que esta medida busca evitar el fraude y mantener un parque de VPOs.
El propietario podrá venderla a partir de los diez años al registro de demandantes o a los mecanismos de control «análogos» puestos en marcha por los gobiernos de cada comunidad autónoma, aunque en determinados casos ese periodo puede ser inferior. En definitiva, vender a precio de VPO pero no un particular (evitando el pago extra en dinero negro) sino a un organismo que reasignará la VPO al "siguiente de la lista".
Otra de las aspectos modificados respecto al texto inicial es la obligatoriedad de crear registros de demandantes para que las actuaciones cuenten con financiación. El nuevo documento permite a las comunidades autónomas crear mecanismos de control «análogos» a los registros durante un periodo «transitorio».
Otra novedad que se pretende implantar es que todas las nuevas viviendas protegidas dispongan de energía solar.
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