El Comité de Expertos sobre Población e Inmigración de Canarias avanzó este jueves las conclusiones de sus trabajos, que culminarán el 7 de abril, en las que recomienda al Ejecutivo regional que solicite a la UE un límite temporal a la adquisición de segundas residencias en las Islas.
l presidente de la comisión y rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Lobo, dio a conocer el avance de las propuestas y medidas de gobierno que el órgano presentará al titular del Ejecutivo canario, Román Rodríguez, el próximo 7 de abril, tras el pleno celebrado este miércoles.
Al respecto, Lobo aludió a la necesidad de "racionalizar la entrada y asentamiento de inmigrantes a través de la ordenación del territorio, teniendo en cuenta que la capacidad de carga demográfica y consiguiente urbanización del Archipiélago se ve desbordada por tres flujos principales".
Estos son, dijo, "la inmigración procedente de Europa, incluida la España peninsular; la legal e ilegal africana e iberoamericana; y la difusión de segundas residencias de la propia población canaria".
Sobre este asunto, Manuel Lobo aludió a los precedentes que existen en la UE, que ha aprobado medidas transitorias para la aplicación de la libre circulación de capitales en la República Checa, Chipre, Hungría, Polonia, o Eslovaquia, y a supuestos como el de Malta, al que se le ha reconocido un régimen especial sobre la adquisición de segundas residencias.
Aunque no supo precisar el número de personas que cuentan con segundas residencias en el Archipiélago, Lobo se refirió a los 90.000 alemanes que las poseen y a los numerosos luxemburgueses que cuentan con ellas en zonas de islas como La Palma.
Asimismo, el comité ha concluido que "no hay impedimentos de carácter constitucional" que impidan a la comunidad canaria "recabar las competencias en materia de expedición de permisos de trabajos a extranjeros extra comunitarios".
Esta medida "supondría alcanzar un mejor y más adecuado nivel de coordinación entre las políticas autonómicas de formación, prestaciones y de servicios sociales en relación con el volumen de población inmigrante existente" en las Islas.
Otra de las propuestas del comité hace referencia a la necesidad de crear una Dirección General de Migraciones en Canarias que funcione a modo de "centro directivo" del Gobierno regional, cuyas funciones deberán relacionarse "con la integración social y el conocimiento de los procesos migratorios que acontecen en las islas en todas sus facetas y dimensiones".
La aprobación de una Ley de Atención Integral a los Inmigrantes en Canarias que dote a las islas de una normativa autonómica específica en esta materia "donde queden reflejadas las competencias sectoriales" de la comunidad es otra de las recomendaciones que hará el comité.
El órgano también ha elaborado medidas relacionadas con los emigrantes canarios retornados y sus descendientes.
En este sentido, consideran necesario proponer al Ministerio del Interior la elaboración de una orden o circular para que los emigrantes canarios y españoles en general que ostentan la nacionalidad de un país hispanoamericano y que no hayan perdido la española puedan utilizar en las fronteras los pasaportes de ambos países.
También propone el comité la necesidad de solicitar al Ministerio de Justicia la elaboración de una instrucción que permita agilizar el trámite ante los registros civiles o consulados de España en Hispanoamérica de los expedientes iniciados por los emigrantes retornados que pretendan optar a la nacionalidad española, su adquisición por residencia o su recuperación.
Fomentar la participación de los inmigrantes en la vida asociativa y en las instituciones y crear en Canarias un observatorio de inmigración que incluya entre sus tareas, además de las relativas a la integración y atención social de los mismos, las de índole económico.
Desde esta última perspectiva, el comité entiende que la inmigración no puede ser entendida "solamente como un efecto no deseable del diferencial de crecimiento, sino también como una condición necesaria para el propio crecimiento".
Por ello, recomienda que la acción pública "enfatice estos aspectos como vehículos de comprensión ciudadana del fenómeno migratorio", que deberá ir acompañada de "una reconsideración de la política educativa y formativa".
Para las islas de Lanzarote y Fuerteventura, donde este fenómeno "ha propiciado una situación de grave colapso en la prestación de servicios públicos como el sanitario, que se encuentra más allá de sus capacidades", el comité propone la realización de un estudio de evaluación que concluya en la realización de "planes de actuación específica".
Vía Canarias Ahora
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