Facilitar el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes retos del nuevo Ejecutivo. Para ello, el Ministerio de Vivienda, que dirige María Antonia Trujillo, ya ha anunciado un amplio abanico de medidas fiscales, que sin embargo no ha clarificado demasiado si exceptuamos la reducción al 4% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para la compra y el alquiler de viviendas protegidas.
Las propuestas anunciadas reiteradamente por Trujillo además deberán pasar por la supervisión del riguroso Ministerio de Economía y Hacienda, que encabeza Pedro Solbes. Desde este departamento se ha aclarado que Vivienda, también los otros ministerios, pueden estudiar las medidas que consideren oportunas, pero la decisión final recae en el equipo de Solbes.
La ministra también ha adelantado una serie de buenos y ambiciosos propósitos, como la construcción de cerca de 180.000 viviendas protegidas cada año, previsión cuestionada incluso dentro del Ejecutivo.
Pero el trasfondo del problema de la vivienda, fundamentalmente cara e innacesible para un buen número de españoles, es mucho mayor y las causas intrínsecas —las más difíciles de cambiar— son las que más pesan. Además de las iniciativas de carácter económico —necesarias— la solución del problema requiere un cambio de mentalidad y una adaptación a los procesos europeos.
Así, en un mercado de trabajo dónde apenas existe movilidad es difícil modificar hábitos y fomentar el alquiler, que registra una tasa de apenas el 11% del total y con tendencia a la baja.
La línea a seguir sería incentivar la movilidad con un mejor y fácil acceso a la vivienda en zonas distintas a la de procedencia.
Según coinciden los expertos, tampoco resulta razonable incentivar el arrendamiento a través de ayudas directas porque "el arrendador subirá el precio del alquiler en la misma medida que aumente la ayuda. La experiencia pasada así lo ha demostrado".
Unido a esto existe y es evidente por los datos que maneja el Gobierno y elaboran los servicios de estudios de diversas entidades financieras un elevado componente especulativo en el mercado inmobiliario, debido a su alta rentabilidad.
Los ayuntamientos deciden el suelo que ponen a disposición de los constructores y es en el suelo donde encuentran los municipios una de sus mayores fuente de ingresos. Mientras, con la actual política de Vivienda de Protección Oficial (VPO) a los promotores no les resulta tan rentable este tipo de promociones como la vivienda libre.
Algunos datos evidencian los actuales desajustes. Así, según las últimas cifras aportadas por Fomento y la Dirección General de Catastro, mientras que la oferta de viviendas se muestra imparable —se iniciaron 613.000 el año pasado y a junio de 2004 estarán listas para la compra casi 440.000 más— la demanda se mantiene a un ritmo muy similar, pese a que el precio no para de subir.
Es más, según destaca el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 40% de las transmisiones de vivienda son de obra nueva, pero una buena parte de el 60% restante (considerado segunda mano) es vivienda de nueva construcción que ha cambiado de manos incluso antes de estar finalizada.
Pese a esta vitalidad constructora, el proceso de sacar adelante una vivienda, desde que se empieza a edificar hasta que se entregan las llaves al nuevo propietario, resulta muy lento. Según los estudios realizados por la Dirección General del Catastro, el proceso de producción en un suelo urbano con la urbanización consolidada oscila entre 18 y 22 meses, pero puede superar los cuatro años si son necesarias obras de urbanización o de reurbanización.
Otra de las paradojas del mercado inmobiliario es el elevado número de viviendas vacías, que el INE cifra en su último boletín estadístico en tres millones. Este dato contrasta claramente con el elevado precio y la escasa tasa de alquiler.
Que la vivienda es utilizada como instrumento especulativo se evidencia en otro dato ofrecido por el INE. La mayoría, más del 80% está en perfecto estado, es decir disponible para venta y el alquiler, y existe una bolsa de algo más de medio millón que tiene menos de 10 años.
Por último, la cuestionada burbuja inmobiliaria existe para la mayoría de los expertos y servicios de estudios de entidades, que sitúan el sobrecoste de la vivienda entre el 20% y el 30%.
Fuente: Negocios.com
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