La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, anunció ayer que su departamento impulsará ante los responsables económicos del Gobierno los cambios necesarios para potenciar las ayudas directas y reducir las desgravaciones fiscales por la compra de vivienda. Trujillo explicó también que el 'plan de choque' que prepara su gabinete contempla un registro de inquilinos destinado a proteger los intereses de los propietarios de los pisos en alquiler.
Los precios de las casas en España -que hoy crecen a un ritmo anual del 17%- no deben incrementarse a corto plazo por encima de la inflación, según aseguró Trujillo. En los últimos años -dijo la ministra- se han destinado cerca de 600 millones de euros a ayudas directas a la compra de vivienda, frente a unos 3.000 millones de euros en desgravaciones fiscales en el Impuesto de la Renta, lo que supone una relación entre ambas partidas del 18% y el 82%.
El objetivo del Gobierno es invertir de forma gradual esa proporción y pasar a unos porcentajes del 75% en ayudas y del 25% en deducciones, similares a los que se registran en la Unión Europea, «para acercarnos a la realidad de nuestro entorno», afirmó.
Trujillo, que advirtió que el Ejecutivo tratará de equiparar la fiscalidad de la propiedad a la del alquiler, quiso así lanzar un mensaje a favor de este régimen inmobiliario, que en España supone un 11% de las residencias frente a una media comunitaria de cerca del 30%. «Hemos asumido la creencia de que optar por el alquiler es tirar el dinero, y conviene recordar que son muchas las familias que adquieren su vivienda con hipotecas a tipos variables y a 30 años de plazo, asumiendo un riesgo de tipo de interés», dijo.
Para la ministra, estos compradores comparten con el banco la propiedad de su casa y cuando terminan de pagar la hipoteca están cerca de su jubilación, con lo que «el argumento de la 'inversión colchón' resulta débil», apuntó. Trujillo se mostró convencida de que «por el mismo dinero -invertido en el pago del préstamo hipotecario- es posible alquilar una casa durante un tiempo superior sin asumir los costes añadidos por la propiedad».
El impulso del alquiler centrará el 'Plan de choque' en materia de vivienda que, según Trujillo, el Gobierno aprobará el mes que viene. Uno de los puntos esenciales de esta política será la creación de una Agencia Pública del Alquiler -que servirá de mediador entre la oferta y la demanda- y que, adelantó la ministra, contará con una suerte de 'Registro de información sobre inquilinos' destinado a proteger a los arrendadores.
Protección oficial
La vivienda de protección oficial (VPO), tanto en régimen de propiedad como de alquiler, protagonizará los planes del nuevo ministerio dirigido por María Antonia Trujillo, que ha asegurado en reiteradas ocasiones que el Gobierno pondrá en el mercado 180.000 de estas casas cada año. Sin embargo, los promotores y constructores han advertido que, a día de hoy, las VPO no son rentables y que no están dispuestos a perder dinero construyéndolas. Así, han pedido al Ejecutivo que, como mínimo, suba los precios de estas casas un 25% de media.
Ayer, en el marco del III Foro Inmobiliario, algunos de los responsables del sector recordaron a Trujillo que «los números no salen y que si alguien hace VPO será cargando en la vivienda libre lo que pierde en las protegidas», como aseguró Álvaro Echaniz, consejero- director general de Ferrovial Inmobiliaria.
En la misma línea se pronunció Rafael Santamaría, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Aspryma), que apuntó que «el suelo es tan caro que la VPO nace muerta». Santamaría explicó, además, que en zonas como Madrid o Barcelona la subida debería de ser muy superior a ese 25% sugerido.
José Manuel Loureda, presidente de Sacyr Vallehermoso, recalcó la necesidad de que el Gobierno lleve a cabo una correcta política de planificación y ordenación del territorio.
Fuente: El Diario Montañes
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Esto no lo decían en su programa electoral. Me pregunto si a la ministra la compra no es interesante, seguramente ella no ha comprado y estará en alquiler. Me parece una tomadura de pelo del gobierno: baja el IVA un 3% y sube el precio el 25%