Un juez ha visto indicios de delito en la actitud de un empresario que cedió la vivienda que acababa de comprar en una lujosa casa del barrio de Neguri, en la localidad vizcaína de Guetxo, a una familia de etnia gitana, tras fracasar en su intento de adquirir también el piso del vecino. Después de sufrir un sinfín de inundaciones y destrozos, el vecino acosado recurrió a los tribunales. El auto judicial imputa ahora al arrendatario un delito de inducción al robo y daños, de los que se acusa a sus inquilinos.
El magistrado va más allá y alerta de que estamos ante una «maniobra» de «'mobbing' inmobiliario», -o de «revientacasas», traduce-, por la que «un especulador se vale de medios ilegales para apropiarse de un inmueble». El auto detalla que el acusado, «al ver frustradas sus expectativas» de compra de un piso, urdió un plan para «echar a los propietarios por la fuerza». Para ello cedió el uso del piso a «una familia de indigentes», a cambio de que «perpetraran» todos los «daños» posibles en el patrimonio de los vecinos «hasta que, cansados, cedieran a sus propósitos».
Una pesadilla
El auto relata la pesadilla de la familia que reside en la planta baja de la 'casa Tangora', un palacete de piedra de cinco alturas, divido en tres viviendas independientes. Su vivienda está «devastada», describe el texto.
Una operación inmobiliaria desató el conflicto. El piso situado en la planta de en medio de la casa -entre dos dúplex- salió a la venta y fue adquirido por un empresario, junto con una opción de compra de la vivienda de abajo, que era del mismo propietario.
Sin embargo, el inquilino que residía desde hacía años en ese dúplex ejerció su derecho a adquirirlo y se quedó con él. El empresario acusó a su vecino de haberse entrometido en la operación de compra. La propietaria del último piso tampoco quiso vender. El acusado decidió entonces alquilar su casa por la cantidad simbólica de un euro a una familia de etnia gitana que hasta ese momento vivía en la calle.
Los 30 miembros de este clan dedicado a la venta ambulante se instalaron en la casa el 30 de julio de 2003. Ese mismo día comenzaron las goteras en la vivienda de abajo. Las inundaciones, algunas de aguas fecales, duraban días y se repetían todas las semanas. «Llegábamos a recoger hasta 30 litros a la hora, parecía el cauce de un río», se lamentaban los propietarios. El agua destrozó la cocina, los baños, entró en las habitaciones, dañó los muebles y reventó el cableado del teléfono.
Los dueños del dúplex tuvieron que recurrir al juzgado para que los inquilinos del piso de arriba dejaran entrar al fontanero. El operario descubrió un agujero practicado en el hormigón del techo de la cocina, que estaba tapado con una esponja. «De 180 días, 120 hemos sufrido algún incidente. Es escalofriante», relataba el propietario.
La convivencia era un calvario. El jardín de la planta baja del palacete se convirtió en un basurero. Los inquilinos lanzaban por la ventana la basura, electrodomésticos y colchones. Los coches aparecieron rayados y con las cerraduras embadurnadas de excrementos.
Por las noches, la furgoneta de los vendedores ambulantes derribaba las vallas y aparcaba en su jardín. «Me siento acosado, acorralado. Estoy metido en un polvorín», se lamentaba la víctima, que ha presentado más de 40 denuncias por destrozos, amenazas e invasión de su propiedad.
El piso vacío de la última planta sufrió un robo. La Policía encontró muchos de los objetos sustraídos en la casa de la familia que vivía alquilada y acusó de los robos a uno de los inquilinos.
Los abogados de la víctima iniciaron una batalla legal para demostrar que había sufrido coacciones. El auto judicial les da la razón. Apunta que arrendatario e inquilinos «concertaron un plan» para echar a sus vecinos a la fuerza, y que el acusado «suministró la vivienda que ha servido de base operativa para los ataques».
El juez se apoya en una serie de indicios, como la declaración de un ertzaina que oyó a un amigo del acusado decir que iba a «meter a sujetos conflictivos en la casa Tangora», en la coincidencia de la entrada en la casa de «unos inquilinos pobres de solemnidad» con el inicio de los «destrozos», o en la propia «incoherencia» de los argumentos del acusado. El juez muestra un claro interés por «erradicar de cuajo cualquier intento de implantar en España las prácticas de acoso inmobiliario, que tanto se estilan en otros países».
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