«No se puede alquilar a extranjeros». «No. No es para inmigrantes, hemos tenido malas experiencias». «Ni extranjeros, ni estudiantes». Ciertamente, como este periódico pudo comprobar en una veintena de llamadas a propietarios de pisos en alquiler, un inmigrante tiene complicado, a bote pronto, encontrar un piso en régimen de alquiler. Un hecho que se recrudece si la persona se encuentra en situación irregular, sin contrato y «sin papeles». Y más si acaba de llegar con casi lo puesto.
De 20 llamadas, tan sólo 5 accedían a alquilar su piso a inmigrantes, dos de los cuales estarían dispuestos a alquilarlo aunque su situación fuese irregular, éstas últimas se tratan de viviendas situadas en pueblos y alejadas de los cascos urbanos de la ciudad.
Por esta razón, y para ayudar a superar esas supuestas «malas experiencias» -«lo alquilas a tres personas y luego viven diez», «se fueron sin avisar, ni pagar la última mensualidad», etc.-, desde las ONG y las Administraciones se trabaja para atender a los inmigrantes en el problema de la vivienda. Un problema que de momento nada tiene que ver con la hipoteca o los 250.000 euros que pueda costar un piso como precio medio.
En los casos de inmigración, la situación extrema se presenta cuando el inmigrante viene sin papeles, se encuentra sin trabajo y depende absolutamente de las ONG como Cruz Roja, Procomar o Desod-Red Incola que le proporcionan un techo donde dormir.
Francisco Gutiérrez, director del departamento de inclusión social de Cruz Roja, destaca la importancia que tiene para estas personas el acceso a una vivienda: «Una vez que obtienen una habitación en un piso, en definitiva un lugar estable, se pueden asentar y comenzar a buscar el verdadero propósito de su largo viaje: un trabajo. Además inician de un modo más sistemático el estudio del idioma, estabilizan su situación familiar...».
Primer paso hacia la estabilidad
Este ha sido el caso de miles de inmigrantes que como Ivailov llegaron a nuestra región de modo irregular. Tras más de tres años en Castilla y León, procedente de Dimitrogrado (Bulgaria), Ivailov vive ahora en un piso que Cruz Roja posee en el barrio vallisoletano de La Rondilla, y que ayuda a mantener la Gerencia de Servicios Sociales. «Gracias a este piso me he podido estabilizar». Desde hace un tiempo ha conseguido un trabajo en una panadería, su profesión, donde obtiene un sueldo de 1.400 euros. «Me van a regularizar la situación. Mi jefe ha presentado la solicitud para legalizar mi actividad laboral y me dará de alta en la Seguridad Social».
Consciente de que ahora tiene medios para valerse por sí mismo y una nómina que sirva de aval a la hora de alquilar, Ivailov debe abandonar este recurso de Cruz Roja para que «otros con mayores necesidades tengan más oportunidades de asentarse».
Pero este joven búlgaro, cuya mujer se encuentra desde hace meses en VAlladolid y espera traer a su hijo de cinco años el próximo verano, se enfrentará a la hora de la búsqueda de una vivienda de alquiler con esas supuestas «malas experiencias» que algunos arrendatarios ponen de excusa para decir «no alquilamos a extranjeros».
El nuevo plan integral de inmigración de Castilla y León que firmarán hoy en Burgos la Junta, sindicatos y empresarios recogerá esta necesidad: «El acceso a la vivienda es una demanda más de este colectivo que, además, debe servir, no sólo para solucionar una demanda coyuntural, sino que debe servir una estabilidad al propio inmigrante y, así, facilitar el reagrupamiento familiar y la integración del inmigrante en la sociedad de acogida».
El área de vivienda del plan recoge tres objetivos específicos para favorecer el acceso a viviendas a este sector de la población. De nuevo el reto de la integración.
Vía | ABC